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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

Aprueba el modelo informativo que debe presentarse cada doce meses para cada categoría y tipo de arrendamiento de corta duración, en aplicación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El modelo incluye un listado anonimizado de los arrendamientos constituidos y la identificación de la finalidad temporal del arrendamiento.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la Ley Foral del derecho a la vivienda en Navarra para corregir aspectos técnicos del sistema de adjudicación de viviendas protegidas. También precisa la definición de vivienda deshabitada, introduce el alquiler forzoso para viviendas vacías más de un año y regula la vivienda colaborativa.

Establece las condiciones de una línea de ayudas del Estado para cubrir los impagos del alquiler de vivienda habitual de personas jóvenes y colectivos vulnerables. Regula quién gestiona y concede la cobertura, cómo se financia, quién puede beneficiarse y sus características y límites.

Modifica la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para permitir que la reserva para inversiones en Canarias (RIC) se use en comprar o construir viviendas en las islas destinadas a alquiler habitual. También permite aplicar la reserva a inversiones que creen empleo relacionado con esas viviendas.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra y la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Regula los requisitos de acceso a viviendas protegidas, el censo de solicitantes y el procedimiento de adjudicación con reservas, tramos de renta y baremos.

Esta orden fija los plazos y el modelo para que las plataformas en línea de alquiler de corta duración envíen datos a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Los datos incluyen el número de registro, la dirección de la unidad y la actividad de alquiler por unidad.

Crea la figura de los proyectos residenciales estratégicos en el municipio de Palma para obtener suelo urbanizado y construir viviendas con un procedimiento de aprobación propio. Declara la emergencia habitacional en Palma y fija los requisitos, el contenido y los trámites de estos proyectos.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda y movilizar viviendas vacías. También cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, barrios y equipamientos comerciales.

Modifica deducciones autonómicas del IRPF en Canarias y establece una bonificación temporal del precio de ciertos combustibles desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2025. También fija el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para recuperar actividades en la isla de La Palma.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Establece medidas urgentes para contener los precios del alquiler de viviendas en Cataluña. Regula el régimen de contención de rentas en los contratos de arrendamiento, con un articulado que desarrolla esta materia y una disposición transitoria para situaciones existentes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara la nulidad parcial de los preceptos que regulan la inadmisión de demandas para recuperar la posesión de una finca cuando el demandante sea gran tenedor, y extiende esa nulidad al precepto sobre documentos que deben acompañar a las demandas ejecutivas.

Modifica varios impuestos de Navarra: renta, patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas y haciendas locales. Se centra en mejorar la fiscalidad de las empresas, sobre todo del sector primario y del audiovisual.