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Establece las condiciones para que los Departamentos Ministeriales envíen de forma centralizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las deudas no tributarias que son recursos del presupuesto del Estado, para que esta las cobre en vía ejecutiva. Regula también los intercambios de información entre ambos organismos derivados de esa gestión.

Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Modifica el ámbito territorial de varias Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en Alicante, Gipuzkoa, Madrid y Zamora. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras. Los cambios surten efectos desde el 1 de enero de 2021.

Cambia qué oficina decide las solicitudes para pagar a plazos las prestaciones de la Seguridad Social cobradas de forma indebida. Esa competencia pasa a las direcciones de administración de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General, para plazos de hasta 60 meses.