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Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).

Modifica la Orden EHA/789/2010 sobre las solicitudes de devolución del IVA (modelos 360 y 361). Exige adjuntar copia electrónica de facturas o documentos de importación cuando la base imponible supere 1.000 euros, o 250 euros si es carburante. Suprime la necesidad de presentar antes el documento de representación.

Modifica la Resolución de 2004 que regula los procedimientos especiales para pagar deudas tributarias cuando no se pueden ingresar por el procedimiento general de las entidades colaboradoras. Actualiza así las vías de ingreso excepcionales de la Agencia Tributaria.

Autoriza a la Jefatura Central de Tráfico a pagar mediante agentes mediadores los pagos masivos de más de 25 transferencias y los pagos a varios acreedores. Fija cómo se tramitan, justifican y controlan esos pagos.

Establece que los empresarios o profesionales del Reino Unido pueden pedir la devolución del IVA soportado en España desde el 1 de enero de 2021. La devolución exige nombrar un representante residente en España y que exista reciprocidad de trato.