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Regula la cooperación de las Illes Balears para el desarrollo y la transformación global. Establece la planificación, los instrumentos y las modalidades de la cooperación, la organización de la política autonómica, los recursos y los agentes que participan, y crea el Registro de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Regula el derecho de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana a participar en los asuntos públicos y fomenta el asociacionismo. Crea mecanismos como procesos participativos, iniciativa ciudadana, consultas y presupuestos participativos, y órganos como el Consejo de Participación Ciudadana y el portal de participación.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

La ley regula en La Rioja la recuperación de la memoria democrática: localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, censo de víctimas y personas desaparecidas, exhumaciones, lugares de la memoria, acceso a archivos y retirada de símbolos. También crea un Consejo Asesor y un régimen sancionador.

La ley regula la igualdad de trato y el reconocimiento de la identidad y expresión de género de las personas trans en La Rioja. Establece medidas en educación, sanidad, empleo, servicios sociales, cultura, deporte y medios de comunicación, y crea un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Modifica el artículo 51 de la Ley de capitalidad de Palma para fijar los supuestos en que el defensor o defensora de la Ciudadanía cesa en el cargo antes de terminar su mandato. Estos supuestos son dimisión, inhabilitación o incapacidad firme, pérdida de la condición de vecino, condena por delito doloso firme, negligencia manifiesta apreciada por el Pleno y defunción.