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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la normativa del juego online para crear un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador, que se aplica al conjunto de operadores y no a cada uno por separado. También ajusta el Real Decreto 176/2023 sobre entornos más seguros de juego.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Modifica la norma que regula la tarjeta sanitaria individual para permitir que las autoridades sanitarias emitan, además de la tarjeta física, una tarjeta sanitaria virtual. La tarjeta virtual podrá sustituir a la física si la persona titular está de acuerdo. Se fija un plazo para adaptar técnicamente las tarjetas virtuales ya existentes.