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La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece el marco legal del deporte en España: regula el derecho a la práctica deportiva, la organización administrativa, los derechos y deberes de las personas deportistas, las entidades deportivas, las competiciones y el régimen sancionador. Incluye medidas de igualdad, deporte inclusivo y protección de la salud.

Regula las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana. Define cinco profesiones (monitor, entrenador, preparador físico, director deportivo y profesor de Educación Física), la formación exigida para cada una y los requisitos para prestar servicios. También crea un censo de profesionales y regula la inspección.

Regula la lucha contra el dopaje en el deporte en España. Establece controles, obligaciones de los deportistas, un régimen de infracciones y sanciones, y la organización administrativa mediante la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.