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Modifica la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para permitir que la reserva para inversiones en Canarias (RIC) se use en comprar o construir viviendas en las islas destinadas a alquiler habitual. También permite aplicar la reserva a inversiones que creen empleo relacionado con esas viviendas.

Modifica por cuarta vez la Ley de Turismo del Principado de Asturias para adaptarla a los cambios del sector y a la normativa europea y estatal reciente. Incluye nuevas obligaciones para las empresas turísticas, como contratar un seguro de responsabilidad civil y ofrecer información en la comercialización de actividades turísticas.

Crea un impuesto autonómico sobre las estancias turísticas en la Comunitat Valenciana y regula sus elementos: hecho imponible, exenciones, contribuyentes, base, cuota y bonificaciones. Permite a los ayuntamientos aplicar un recargo voluntario y fija las normas de gestión y control del tributo.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

Suspende durante un plazo máximo de dieciocho meses la instalación y apertura de nuevos salones recreativos, locales de apuestas externas y espacios de apuestas en casinos y salas de bingo. También modifica la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas de Canarias.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.