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Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Crea de nuevo la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) y fija su composición y funciones. La CIOA es un órgano que coordina la regulación alimentaria entre varios ministerios y emite informes preceptivos sobre aspectos técnicos, sanitarios, de comercialización y de protección al consumidor.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

Modifica la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido de Navarra para aplicar los mismos tipos que en el resto del Estado. Incluye el tipo general del 21 % a las bebidas con edulcorantes añadidos y un tipo del 0 % temporal para material sanitario frente a la COVID-19.

Desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información. Fija las autoridades competentes, la cooperación entre equipos de respuesta a incidentes (CSIRT), los requisitos de seguridad y la gestión y notificación de incidentes. También regula la supervisión del cumplimiento.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Aprueba el Reglamento sobre el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y a los cultivados para otros fines. Desarrolla el título IV de la Ley 30/2006 y regula el acceso, las medidas de control, una comisión nacional y el fomento de los derechos de los agricultores.

La ley regula la prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos en Cataluña. Establece obligaciones para las empresas de la cadena alimentaria, la restauración, la Administración y las entidades sociales que distribuyen alimentos. También fija un plan estratégico de prevención y un régimen de infracciones y sanciones.