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Crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo para entidades públicas y privadas que colaboren en la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión. Establece los requisitos, el procedimiento de solicitud, concesión, vigencia y revocación, y los compromisos de quienes lo obtienen.

Crea el Comité Asesor de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, un órgano sin funciones decisorias. Sus miembros son académicos, expertos técnicos y personal de la propia Secretaría General. Sus funciones son de consulta y emisión de recomendaciones sobre políticas de inclusión social.

Crea el Comité Ético vinculado a los itinerarios de inclusión social asociados al Ingreso Mínimo Vital. Establece su definición, adscripción, ámbito de actuación, objetivos, funciones, composición, designación y funcionamiento.

Crea y regula el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, un registro público del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Establece los requisitos y el procedimiento para inscribirse, las obligaciones de las entidades inscritas y los requisitos de los certificados que emiten.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2021, que adopta medidas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Seguridad Social y en materia económica. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta el nivel de subdirección general y fija las competencias de cada órgano. Ordena las secretarías de Estado, direcciones generales, subsecretaría y secretaría general técnica del departamento.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.