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Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta Estado-Generalitat de Cataluña que amplía los medios patrimoniales adscritos a las funciones y servicios sobre obras hidráulicas traspasados a la Generalitat en 1985. Incluye la cesión de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales en cuencas del Ebro y del Bajo Llobregat.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Regula los sistemas electrónicos para medir y controlar el agua que se capta de ríos y acuíferos, la que retorna al dominio público hidráulico y la que se vierte. Establece tipos de captaciones, categorías de aprovechamientos, requisitos técnicos de los medidores y frecuencias de envío de datos a los organismos de cuenca.

Aprueba el Reglamento de reutilización del agua, que regula cómo se producen, suministran y usan las aguas regeneradas. Establece autorizaciones y concesiones, requisitos de calidad, control del riesgo y régimen sancionador, y modifica otras normas sobre gestión del agua.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2024 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos como el IRPF, con una rebaja de tipos, y modificaciones en tasas, juego, sanidad, servicios sociales y gestión de fondos europeos.

Modifica varios impuestos de Navarra: IRPF, Patrimonio, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Residuos, tasas y haciendas locales. Ajusta la tarifa del IRPF y los mínimos personales y familiares para reducir la carga fiscal, y crea exenciones y deducciones para colectivos concretos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Regula la gestión del ciclo integral del agua en Galicia: abastecimiento, saneamiento y depuración. Ordena las aglomeraciones urbanas, la prestación de los servicios y la actuación de Augas de Galicia. Crea cánones para financiar la gestión de depuradoras, redes de colectores y abastecimientos.

Regula el Plan de Inversiones Locales de Navarra, que reparte dinero entre las entidades locales para financiar inversiones. Establece tres vías: Programas de Inversiones, Programación Local y Programa de Libre Determinación, con sus tipos de inversión, porcentajes de financiación y procedimientos.

Regula la gestión del agua en Castilla-La Mancha: competencias de la región y los ayuntamientos, planificación de abastecimiento y depuración, normas del servicio, obras, cánones (DMA, aducción y depuración) y régimen sancionador.