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Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El sistema atiende a casi 1,7 millones de personas y emplea a más de 500.000.

Autoriza a determinados organismos y entidades del sector público institucional estatal a concertar operaciones de crédito extraordinarias hasta unos importes máximos fijados para cada uno. Esta autorización es adicional e independiente de los límites de endeudamiento de la Ley de Presupuestos vigente.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Establece medidas urgentes para el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril ante la subida de costes energéticos. Incluye ayudas directas a empresas ferroviarias y modifica la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías y la Orden FOM/1882/2012.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Exime del IRPF el ingreso mínimo vital y otras ayudas de subsistencia hasta un límite conjunto anual. También aprueba una ampliación de crédito para el Ministerio de Hacienda y modifica dos leyes fiscales para ejecutar sentencias judiciales.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.