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Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Suspende la aplicación del canon medioambiental del agua previsto en la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. El canon gravaba el uso y consumo de agua en la región. La suspensión se mantiene sin plazo fijado.

Regula la gestión del agua en Castilla-La Mancha: competencias de la región y los ayuntamientos, planificación de abastecimiento y depuración, normas del servicio, obras, cánones (DMA, aducción y depuración) y régimen sancionador.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

Crea en Aragón el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, que sustituye al anterior impuesto sobre la contaminación de las aguas. Regula quién debe pagarlo, qué usos se gravan, las exenciones, cómo se calcula el consumo y la carga contaminante, las tarifas y la gestión del tributo.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2021: fija los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye medidas sobre personal, tasas y un canon sobre el vertido e incineración de residuos.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

La ley aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. También establece normas para ejecutar el presupuesto, gestionar el personal, las operaciones financieras y algunas medidas tributarias.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, sociedades y fundaciones públicas. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y tasas.