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Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Administración general, sus organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

La ley organiza el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Define qué entidades lo forman, cómo se crean, transforman y extinguen, y cómo se coordinan entre sí. También regula su funcionamiento al servicio de la ciudadanía, incluida la administración electrónica y el uso de las lenguas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica la Ley General Tributaria para obligar a comunicar a la Administración determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Traslada al derecho español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal. La obligación afecta a los intermediarios que diseñan o comercializan estos mecanismos y a los contribuyentes que los usan.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.