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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Modifica el Estatuto de los consumidores electrointensivos para adaptar sus mecanismos de apoyo a las nuevas directrices europeas sobre ayudas de Estado en clima, medio ambiente y energía. Ajusta requisitos de certificación, el mecanismo de compensación de cargos eléctricos y el de cobertura de riesgos.

Modifica el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz. Introduce referencias a precios a plazo del mercado y busca reducir la volatilidad de esa tarifa.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

El Tribunal Constitucional anula el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley catalán 34/2020, que regulaba las consecuencias cuando arrendador y arrendatario de un local de negocio no llegaban a un acuerdo para restablecer el equilibrio del contrato tras las medidas de la Covid-19. El tribunal considera que la norma autonómica invade la competencia estatal sobre legislación civil.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2022, que regula medidas de sostenibilidad económica en el transporte, becas y ayudas al estudio, y ahorro y eficiencia energética.

Regula la sucesión voluntaria pactada o contractual en las Illes Balears. Ordena los pactos sucesorios por islas: Mallorca y Menorca (donación universal y definición) y Eivissa y Formentera (pactos de institución y de finiquito o renuncia).

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2022, que aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía, reducir el consumo de gas natural, regular las retribuciones del personal del sector público y proteger a las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 4 del Decreto-ley catalán 50/2020, que añadía un apartado al artículo 9 de la Ley 11/2020 sobre contención de rentas en alquiler de vivienda. El tribunal declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre las bases de las obligaciones contractuales.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional.