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El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, con la totalidad de gastos e ingresos del sector público y los beneficios fiscales. Incluye normas sobre personal, gestión del gasto, operaciones de crédito y actualización de tasas.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

Modifica la Ley 4/2009 de publicidad institucional de Castilla y León para reforzar la utilidad pública, la transparencia y la lealtad institucional en las campañas de publicidad y comunicación de la Administración. Actualiza los principios y el régimen de estas campañas.

Establece un sistema de colaboración con colegios profesionales y otras entidades para que emitan informes técnicos que agilicen la tramitación de licencias urbanísticas. También modifica varias leyes de suelo, vivienda y cooperativas para impulsar la construcción de viviendas en Canarias.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

La ley regula en la Comunidad de Madrid el paso a un modelo de economía circular: reducir residuos, reutilizar y reciclar materiales. Establece la planificación y las competencias, medidas para empresas y contratación pública, cadenas de valor prioritarias y el régimen de residuos, inspección y sanciones.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica la Ley 11/2023 de contratación pública de Aragón para reforzar el uso de la contratación como herramienta de políticas públicas sociales, medioambientales y de innovación. Incluye reglas transitorias para expedientes ya iniciados y fija su entrada en vigor.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley establece el marco de la acción de la Xunta de Galicia para impulsar la demografía. Crea órganos de coordinación y define políticas de apoyo a las familias, la juventud, la conciliación, el retorno de población y el equilibrio territorial.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, regula las retribuciones del personal público y establece las normas de gestión, control y operaciones financieras.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. Fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, las retribuciones del personal y las normas de gestión presupuestaria, tributaria y financiera.