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Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2023, fijando los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye reglas sobre personal, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes locales.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

La ley aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023. Fija los ingresos y gastos previstos, las retribuciones del personal público y las normas para gestionar ese dinero.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2023 en La Rioja. Incluye la suspensión del impuesto autonómico sobre eliminación de residuos en vertederos y cambios en tasas y en varias áreas de gestión. También regula aspectos de gratuidad de material escolar, contratación, empleo público, farmacia, salud, servicios sociales, infraestructuras, cooperativas de vivienda y ganadería.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

La ley establece medidas para proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura en entornos urbanos y rurales. Crea el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura y la Casa de la Arquitectura, y prevé una Estrategia Nacional de Arquitectura.

Regula la gestión del agua en Castilla-La Mancha: competencias de la región y los ayuntamientos, planificación de abastecimiento y depuración, normas del servicio, obras, cánones (DMA, aducción y depuración) y régimen sancionador.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Establece el modelo de organización y las reglas para planificar, gestionar y controlar en Canarias los fondos europeos de recuperación «Next Generation EU». Incluye medidas para agilizar trámites administrativos, de personal, presupuestarios, de contratación y de subvenciones vinculados a esos proyectos.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.