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Publica la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) aplicable a partir de su entrada en vigor. Fija los términos fijo y variable y el coste de la materia prima conforme a la metodología de la Orden ITC/1660/2009, con los límites de incremento previstos en la normativa vigente.

Modifica el Estatuto de los consumidores electrointensivos para adaptar sus mecanismos de apoyo a las nuevas directrices europeas sobre ayudas de Estado en clima, medio ambiente y energía. Ajusta requisitos de certificación, el mecanismo de compensación de cargos eléctricos y el de cobertura de riesgos.

Modifica el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz. Introduce referencias a precios a plazo del mercado y busca reducir la volatilidad de esa tarifa.

Fija los precios del gas natural del año 2022 que se aplicarán al calcular la retribución de los grupos generadores de electricidad situados en los territorios no peninsulares. Para ello usa la normativa vigente en cada tramo del año y la metodología de costes del gas en Baleares.

Regula la actividad física y el deporte en las Illes Balears. Sustituye la Ley 14/2006 y ordena las administraciones deportivas, las entidades, las licencias, la formación, el dopaje, la violencia, las instalaciones y el régimen sancionador.

La ley establece el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias en Euskadi. Regula sus derechos, las competencias de las administraciones vascas, la resolución de conflictos, la inspección y las sanciones en materia de consumo.

Modifica las condiciones de servicio público de la ruta aérea Menorca-Madrid entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. Añade una frecuencia diaria adicional en fechas concretas (enero, Semana Santa, diciembre y Navidad) y fija horarios y capacidad mínima.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Aprueba el pago de una prestación económica extraordinaria a las personas que reciben la Prestación Canaria de Inserción. Su objetivo es compensar la subida de precios de los productos básicos durante 2022. La norma fija la cuantía, el pago, la financiación y quiénes son beneficiarios.

La orden regula qué información deben enviar las empresas que ofrecen servicio de recarga para vehículos eléctricos al Ministerio para la Transición Ecológica, a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla. Establece el contenido, la frecuencia, los plazos y la forma de remisión de esos datos.

La ley regula las viviendas colaborativas en la Comunitat Valenciana: define qué son, fija requisitos de edificación y habitabilidad, establece derechos y deberes de usuarios y entidades titulares, y prevé medidas de fomento y un régimen sancionador.

Modifica la Ley del Juego de Aragón para reforzar la protección de los colectivos vulnerables y regular la actividad de juego con dinero. Incluye medidas de prevención del trastorno por juego, control de acceso a locales y máquinas, y coordinación de registros de personas prohibidas.

La ley regula la atención a la salud mental y las adicciones en La Rioja. Reconoce derechos de los pacientes y sus familias y establece actuaciones públicas de promoción, prevención y atención. También fija garantías de tiempo de atención y ratios mínimas de profesionales.

Publica la tarifa de último recurso de gas natural, el precio máximo que pueden cobrar las comercializadoras a los consumidores que se acogen a ella. Incluye una tarifa específica para comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les prestan servicio.

Regula los mercados de valores y los servicios de inversión en España. Establece el régimen de los valores negociables, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mercado primario, los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión. También fija normas de conducta, supervisión y sanción.

Modifica la normativa del cine para volver a permitir que los cines pequeños envíen directamente al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) los datos de asistencia y rendimiento de las películas, sin pasar por los «Buzones». Este sistema simplificado se restablece hasta que se desarrolle un nuevo procedimiento de envío directo.