Buscar en el BOE

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

Establece un mecanismo temporal que ajusta los costes de producción de la electricidad para bajar su precio en el mercado mayorista. Fija cómo se calcula ese ajuste, quién lo liquida y cómo se aplica en el mercado ibérico.

Regula el juego y las apuestas en La Rioja: fija las modalidades permitidas, las autorizaciones y los establecimientos donde se practican, y establece medidas para prevenir el juego problemático y patológico. También crea órganos de control, un registro de interdicciones de acceso y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Crea la Comisión Interministerial de Consumo y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. Sustituye la regulación anterior de este órgano y lo adapta a la nueva organización de los ministerios.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

Modifica la Ley 34/2006 para unificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador: se exige el mismo título de Derecho y el mismo máster para ambas, y quien supere la evaluación podrá ejercer una u otra con la colegiación. También cambia el régimen de sociedades profesionales y el sistema de aranceles de la procura.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Establece medidas urgentes para reducir el efecto de la subida del precio del gas natural en la factura de la luz y el gas. Crea un suministro mínimo vital, ajusta impuestos energéticos y aplica un mecanismo que limita los ingresos extra de las eléctricas por el gas caro.

Prorroga medidas de protección social que terminaban el 9 de agosto de 2021 para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Incluye medidas en materia de vivienda y de violencia de género, y modifica normas anteriores para mantener su vigencia.