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La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Regula cómo la Administración de Aragón planifica, organiza y adjudica sus contratos públicos. Establece que la contratación debe servir también para fines ambientales, sociales y de innovación, y ordena la tramitación electrónica y el control de los contratos.

La ley regula cómo el sector público de Aragón usa tecnologías en la nube (cloud): define una política cloud, un plan para adaptar sus sistemas informáticos y una certificación propia llamada Solución Cloud Certificada de Aragón. También incluye medidas para impulsar estas tecnologías en empresas, formación y contratación pública.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica la Ley del Registro Civil para retrasar la entrada en vigor del nuevo modelo de registro único informatizado. También cambia el plazo de la Ley de Patrimonio Histórico Español sobre el Inventario de bienes.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.