Buscar en el BOE

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para los sistemas de administración electrónica. Fija principios, estructura organizativa, responsabilidades y obligaciones del personal en materia de seguridad de la información.

Crea la sede electrónica asociada del Ministerio de Universidades, con dirección https://universidades.sede.gob.es. A través de ella se harán las actuaciones y trámites que requieran identificación electrónica en las relaciones con este ministerio.

Modifica la Ley del Registro Civil para retrasar la entrada en vigor del nuevo modelo de registro único informatizado. También cambia el plazo de la Ley de Patrimonio Histórico Español sobre el Inventario de bienes.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Crea la sede electrónica de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y fija sus características, contenidos y servicios. Regula también los medios para presentar quejas, sugerencias y felicitaciones y su puesta en funcionamiento.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y regula su composición, funcionamiento y funciones. Es un órgano colegiado que impulsa y coordina internamente las políticas de administración digital en ese ministerio.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Establece medidas urgentes en educación en las Illes Balears para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19. Regula la adscripción y admisión del alumnado, su tramitación telemática y la relación electrónica del personal docente no universitario con la Consejería de Educación.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para reducir el impacto económico del COVID-19. Amplía plazos para presentar declaraciones de impuestos y la cuenta general de 2019, y aplica una exención temporal de tasas portuarias a determinadas navieras.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.