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Establece las normas y los impresos para pedir y tramitar los incentivos regionales a la inversión empresarial, y para justificar el cumplimiento de las condiciones y cobrar las liquidaciones. Sustituye a la orden anterior de 2009.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Prorroga el plazo de vigencia de las zonas de promoción económica de quince comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla para poder solicitar ayudas de incentivos regionales. La prórroga se mantiene hasta que se aprueben nuevos reales decretos de delimitación o se modifiquen los vigentes.

Deja sin efecto el Acuerdo de 2015 que imponía condiciones especiales a la Comunidad Autónoma de Cataluña para acceder al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y garantizar la prestación de servicios públicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba esta retirada y ordena su publicación en el BOE.