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Establece un convenio entre España y Andorra para cooperar en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, y en materia de seguridad. Incluye delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero y falsificación, entre otros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio del Interior para 2021-2023. El plan fija objetivos, plazos, costes y financiación de ocho líneas de subvención en concurrencia competitiva, agrupadas en cinco objetivos estratégicos.

España comunica a la ONU que rechaza la reserva y la declaración que Líbano presentó al adherirse al Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. España considera que esas reservas van contra el objeto y fin del Convenio y contra su artículo 6.

Crea y regula el Comité Especializado contra el Terrorismo, un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional. El Comité propone directrices, coordina la política de seguridad nacional en materia de lucha contra el terrorismo y verifica el cumplimiento de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo.