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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos asociaciones de apartamentos turísticos contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos del real decreto y, en otros, solo las menciones al Registro Único y al número de registro.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula los artículos sobre el procedimiento de registro único y la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para obtener un número de registro y poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas en línea. El resto del real decreto se mantiene.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley catalán 3/2023, que somete el uso turístico de viviendas a licencia previa y a la previsión en el planeamiento urbanístico en determinados municipios. La sentencia examina si concurre el presupuesto de urgencia y si se respetan los límites materiales de los decretos-leyes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el artículo 5 de la Ley catalana 5/2020, que amplía el impuesto sobre estancias turísticas a los cruceros y permite al Ayuntamiento de Barcelona establecer un recargo. La sentencia analiza si esa regulación respeta las competencias tributarias de la comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Asociación Española de la Economía Digital Adigital y anula el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017. Ese apartado introducía el artículo 54 ter del Reglamento de gestión e inspección tributaria, que obligaba a informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley del suelo de Extremadura porque ese precepto ya había sido anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal. La cuestión la había planteado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.