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Modifica el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas contra la COVID-19 en las Illes Balears, para adaptar las infracciones a la exigencia del certificado covid digital UE en determinados establecimientos según el nivel de alerta sanitaria de cada isla. También regula un régimen excepcional de declaración responsable para obras e instalaciones en suelo urbano.

Establece las reglas para que los puertos españoles dispongan de instalaciones adecuadas donde los buques entreguen sus desechos y residuos de carga. Regula la notificación previa, la entrega obligatoria, los sistemas de tarifas, las inspecciones y el régimen sancionador.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Actualiza varias cualificaciones profesionales de la familia Marítimo-Pesquera incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y modifica parcialmente otras de las familias Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente. Con ello se revisan los contenidos de estas cualificaciones y su formación asociada.

Establece deducciones temporales en tasas y tarifas portuarias y una moratoria en su cobro para paliar los efectos del estado de alarma en los puertos de la Generalitat. También modifica la Ley del taxi y la Ley de seguridad ferroviaria de la Comunitat Valenciana.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Regula las ayudas para abaratar el transporte marítimo y aéreo de mercancías agrícolas incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con origen o destino en las Islas Canarias. Sustituye al Real Decreto 170/2009 y fija los productos compensables, los costes, los requisitos de los beneficiarios y el procedimiento de solicitud.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Modifica el Real Decreto 1034/1999, que regula las compensaciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears. Actualiza el procedimiento para solicitar y conceder estas ayudas y fija el régimen de las solicitudes ya en tramitación.

Regula los puertos de Cataluña y el transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales. Establece la planificación, organización y gestión del sistema portuario, el uso del dominio público, los servicios portuarios y su régimen económico. También fija el régimen de inspección e infracciones y sanciones.