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Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Crea el Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente que investiga técnicamente los accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Regula su naturaleza, funciones, estructura, personal, financiación y puesta en marcha, y suprime los órganos que antes hacían esas tareas.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Regula su naturaleza, sus funciones de investigación, el procedimiento, la organización y su financiación.

Regula un sistema de compensaciones para abaratar el coste del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Ceuta y Melilla y la península, y entre ambas ciudades y otros territorios de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Establece qué productos y costes se pueden compensar, quiénes pueden ser beneficiarios y cómo se tramita la solicitud.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Establece normas nacionales que completan la normativa europea sobre títulos y licencias del personal de vuelo de aeronaves civiles, como mecánicos de a bordo, y sobre restricciones operativas por ruido en aeropuertos. También modifica varias normas anteriores sobre certificación de aeronaves, controladores de tránsito aéreo, tiempos de vuelo y descanso, información de vuelo y dirección en plataforma.

Actualiza el Reglamento de Circulación Aérea y el Reglamento del aire para incorporar nuevos procedimientos de aproximación en pistas paralelas y nuevas separaciones mínimas entre vuelos que llegan y salen de los aeropuertos. Estos cambios siguen las enmiendas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Completa en España el régimen de notificación de sucesos de la aviación civil previsto en la normativa europea. Establece el sistema de notificación, la vigilancia de la cultura justa y la notificación en lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. También modifica normas sobre drones y circulación aérea.

Aprueba la Directriz básica que fija los criterios mínimos de organización y funcionamiento de los planes especiales de protección civil ante emergencias por accidentes de aviación civil. Estos planes los elaboran las administraciones públicas para coordinar las actuaciones de todos los órganos participantes.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.