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Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Sustituye el Reglamento de equipos a presión de 2008 y aprueba siete instrucciones técnicas complementarias (EP-1 a EP-7). Regula la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de equipos a presión, como calderas, botellas y recipientes.

Establece medidas urgentes sobre la fiscalidad de la energía y la generación eléctrica. Modifica el IVA aplicable a entregas de energía, la base imponible del impuesto sobre la producción de electricidad y revisa parámetros retributivos de instalaciones renovables. También regula el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Modifica varias normas de seguridad industrial para adaptarlas a las reglas de libre acceso a servicios y ejercicio de actividades. Cambia el Reglamento electrotécnico de baja tensión y su instrucción sobre empresas instaladoras, y fija cómo afecta a empresas ya habilitadas.

La ley simplifica los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y crea instrumentos de apoyo a la inversión empresarial para favorecer la reactivación económica tras la pandemia. Regula también la evaluación ambiental, las autorizaciones de instalaciones eléctricas, medidas urbanísticas y la gestión de fondos de recuperación.

Regula cómo se pide y se obtiene el permiso para usar y conectarse a las redes de transporte y distribución de electricidad. Establece los procedimientos, los plazos, las garantías económicas y las causas de caducidad de esos permisos.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Regula los aspectos necesarios para aplicar en España los códigos de red europeos sobre conexión de generadores, instalaciones de demanda y sistemas de alta tensión en corriente continua. Fija umbrales de capacidad, reglas para instalaciones existentes y el procedimiento de notificación operacional.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.