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Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Establece la obligación de igual retribución entre mujeres y hombres por trabajos de igual valor. Crea instrumentos de transparencia retributiva: registro retributivo y auditoría retributiva, y regula la valoración de puestos de trabajo en los convenios colectivos.

Regula el teletrabajo como modalidad de trabajo a distancia para las empleadas y empleados públicos, y establece medidas excepcionales de contratación de personal sanitario para reforzar el Sistema Nacional de Salud durante la crisis de la COVID-19.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.