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La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Regula la concesión directa de subvenciones a asociaciones de autónomos y empresarios para que realicen actividades de difusión y acompañamiento entre autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y ganaderos, dentro del Programa Kit Digital. Establece las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, los importes y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Regula cómo el Ingreso Mínimo Vital se combina con los ingresos del trabajo o de la actividad por cuenta propia. Establece una parte de esos ingresos que no se descuenta de la prestación (renta exenta) para que trabajar resulte más rentable. Fija el cálculo, el reconocimiento de la exención y su evaluación.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

Crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo para entidades públicas y privadas que colaboren en la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión. Establece los requisitos, el procedimiento de solicitud, concesión, vigencia y revocación, y los compromisos de quienes lo obtienen.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Regula cuándo se entiende causada la pensión de jubilación contributiva y el ingreso mínimo vital. En la jubilación, la persona interesada puede elegir la fecha del hecho causante si cumple los requisitos. En el ingreso mínimo vital, el hecho causante es la fecha de presentación de la solicitud.

Regula la concesión directa de subvenciones en Canarias para paliar la difícil situación económica de sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros afectados por la crisis del COVID-19. Establece los requisitos, el procedimiento de concesión, las obligaciones de los beneficiarios y las reglas de reintegro.

Establece medidas para proteger a los trabajadores autónomos, regular el paso a los nuevos mecanismos de defensa del empleo y apoyar la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. También prorroga ayudas para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, que concede préstamos a empresas turísticas para proyectos que mejoren la competitividad del sector, en especial los de digitalización de destinos turísticos e innovación y modernización de servicios. Se dicta en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica dos decretos-leyes extremeños que regulan las ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España. Cambia las bases de la primera convocatoria y la segunda convocatoria de estas ayudas en Extremadura.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.