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La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Regula cómo se pide y se obtiene el permiso para usar y conectarse a las redes de transporte y distribución de electricidad. Establece los procedimientos, los plazos, las garantías económicas y las causas de caducidad de esos permisos.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Crea la figura del consumidor electrointensivo: empresas cuya producción depende mucho de la electricidad. Regula cómo se certifican, qué obligaciones tienen y crea ayudas para compensar cargos eléctricos y cubrir riesgos de compra de energía a largo plazo.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Regula los aspectos necesarios para aplicar en España los códigos de red europeos sobre conexión de generadores, instalaciones de demanda y sistemas de alta tensión en corriente continua. Fija umbrales de capacidad, reglas para instalaciones existentes y el procedimiento de notificación operacional.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Modifica la Ley catalana de cambio climático y la Ley de urbanismo, y regula la autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Establece criterios de implantación, trámites de información pública y evaluación de impacto ambiental, y limita el uso de coque de petróleo y carbón en la industria.

Concede un suplemento de crédito de 3.100.000 euros para financiar la Fundación CENER, dedicada a la investigación en energías renovables. El dinero se destina a amortizar préstamos de la entidad y se financia con cargo a créditos disponibles de otras partidas del presupuesto de Navarra.

Concede un crédito extraordinario de 320.000 euros para financiar el proyecto de transición energética «Gares Energía» del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. El dinero se destina a una instalación fotovoltaica y se financia con cargo a otra partida de transferencia al mismo ayuntamiento.