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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2025 en La Rioja. En impuestos, prorroga una deducción del IRPF por intereses de préstamos hipotecarios y bonifica al 100 % el impuesto sobre el patrimonio. También modifica tasas y varias leyes autonómicas.

Modifica varios impuestos de Navarra: renta, patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas y haciendas locales. Se centra en mejorar la fiscalidad de las empresas, sobre todo del sector primario y del audiovisual.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Crea las Áreas de Promoción Económica en Navarra, entidades que agrupan a comercios y empresas de una zona para impulsar su desarrollo. Regula cómo se constituyen, sus órganos de gobierno, su financiación mediante aportaciones obligatorias y su extinción.

Establece las normas para conceder de forma directa una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia inversiones en la provincia de Teruel que generen renta, riqueza y actividad económica. Se enmarca en el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Crea el Consejo de la Productividad de España, un órgano que analiza y evalúa las políticas públicas que afectan al crecimiento de la productividad. Regula su composición, presidencia, secretaría, funciones y forma de funcionamiento, y prevé un informe anual.

La ley regula en la Comunidad de Madrid el paso a un modelo de economía circular: reducir residuos, reutilizar y reciclar materiales. Establece la planificación y las competencias, medidas para empresas y contratación pública, cadenas de valor prioritarias y el régimen de residuos, inspección y sanciones.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

Regula el Instituto Vasco de Finanzas, un ente público de derecho privado adscrito a la Administración vasca. Define su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno, personal, recursos económicos, patrimonio y régimen de transparencia. También fija cómo se extingue y liquida.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

Prorroga hasta el 30 de septiembre de 2023 la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir el COVID-19. También mantiene medidas tributarias para la recuperación de actividades en la isla de La Palma.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

La ley regula la dinamización del medio rural de Aragón. Establece principios de actuación, criterios para clasificar municipios y asentamientos rurales, instrumentos de planificación y medidas de fomento económico, empleo, vivienda, servicios y fiscalidad diferenciada.