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Actualiza el objetivo de venta o consumo de biocarburantes para 2026, modificando el Real Decreto 1085/2015 de fomento de los biocarburantes. Fija las nuevas metas que deben cumplir los proveedores de combustible ese año.

Modifica varios reglamentos de seguridad industrial para cambiar cómo las empresas habilitadas deben contratar a los profesionales habilitados. Revierte el requisito de tener al menos un profesional habilitado en plantilla a jornada completa, tras un dictamen de la Comisión Europea que lo consideró contrario a la normativa europea de servicios.

Modifica deducciones autonómicas del IRPF en Canarias y establece una bonificación temporal del precio de ciertos combustibles desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2025. También fija el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para recuperar actividades en la isla de La Palma.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023: fija los gastos e ingresos de la administración y sus entes, regula las modificaciones de crédito, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Modifica varias normas de seguridad industrial para adaptarlas a las reglas de libre acceso a servicios y ejercicio de actividades. Cambia el Reglamento electrotécnico de baja tensión y su instrucción sobre empresas instaladoras, y fija cómo afecta a empresas ya habilitadas.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.