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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

Modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009, que recoge las patologías que permiten anticipar la jubilación a personas con discapacidad igual o superior al 45 %. El anexo pasa a ser una lista abierta, ampliable con nuevas patologías y sujeta a revisión periódica.

Regula la concesión directa de subvenciones para el año 2026 a las federaciones deportivas españolas, al Comité Olímpico Español y al Comité Paralímpico Español. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y la forma de justificar y controlar el dinero.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo estatal independiente que protege y promueve la igualdad de trato y combate la discriminación en el sector público y privado. El Estatuto regula su naturaleza, funciones, estructura orgánica, personal, financiación y colaboración con otras entidades.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea el procedimiento para que las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal sean reconocidas como colaboradoras de la Administración General del Estado. Fija los derechos y obligaciones de estas entidades, los requisitos y la documentación para solicitarlo, y crea una Comisión de Evaluación que instruye y resuelve.

Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

Actualiza los módulos comunes de enseñanza deportiva de los títulos de Técnico Deportivo. Cambia la denominación, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos básicos, y renombra algunas especializaciones. Modifica los reales decretos que establecen estos títulos.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El sistema atiende a casi 1,7 millones de personas y emplea a más de 500.000.

Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Modifica las normas de Canarias sobre las prestaciones económicas de atención a la dependencia. Regula la prestación de asistencia personal y el régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre prestaciones, adaptándolo al nuevo Grado III+ de dependencia extrema.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Crea los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), títulos oficiales que acreditan el dominio de esta lengua en distintos niveles. Regula cómo se obtienen, quién los expide y qué efectos tienen, y modifica varias normas para encajar este sistema.

Crea y regula la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración. Esta comisión coordina a varios ministerios para mejorar el sistema de apoyos a personas en situación de dependencia o discapacidad, con enfoque de derechos y vida en la comunidad.

Crea y regula la Unidad técnica de apoyo y coordinación de las autoridades de vigilancia en materia de requisitos de accesibilidad. Esta unidad apoya a las autoridades que vigilan el mercado de productos y la conformidad de servicios accesibles, en aplicación de la Ley 11/2023.