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Separa los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo en dos tipos de juzgados: unos para asuntos civiles y otros para asuntos penales. Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y ajusta las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Crea 33 unidades judiciales para hacer frente a la acumulación de procedimientos provocada por la pandemia de COVID-19. Modifica la planta judicial, dota plazas de magistrado en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales, y crea, transforma y renombra juzgados.