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Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

Establece las normas y procedimientos de diligencia debida que los operadores de plataformas digitales deben aplicar para identificar a sus vendedores y recoger sus datos. Con esa información, los operadores deben comunicarla a la Administración tributaria para el intercambio automático con otros países.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Crea el Reglamento que desarrolla las normas de control sobre el tabaco crudo y su régimen sancionador. Regula la inscripción en un Registro de Operadores de Tabaco Crudo, las obligaciones contables y los documentos de circulación del tabaco crudo, y fija especialidades del procedimiento sancionador.

Modifica el Reglamento del IRPF para adaptarlo a cambios legales en planes de pensiones de empleo y productos paneuropeos de pensiones. También ajusta las retenciones para aplicar la nueva reducción por rendimientos del trabajo desde el 1 de enero de 2023.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a nuevos impuestos estatales y a cambios en el IVA del comercio electrónico. Incorpora al Convenio el reparto de competencias sobre estos tributos entre ambas administraciones.

Aprueba el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, que sustituye al reglamento de 1969. Regula la organización, los principios de actuación, la carrera fiscal, la provisión de destinos, permisos, derechos y deberes, incompatibilidades, jubilación y régimen disciplinario.

Modifica el Concierto Económico con el País Vasco para adaptarlo a los cambios del sistema tributario estatal. Actualiza el reparto de competencias y la gestión de varios impuestos, entre ellos el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Modifica el Reglamento del IVA, el de facturación y el de gestión e inspección tributaria. Desarrolla normas de la Unión Europea y amplía los regímenes especiales de ventanilla única para simplificar trámites. Regula el régimen de importación y las condiciones para actuar como intermediario.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

Desarrolla cómo se determina el lugar donde se encuentran los dispositivos de los usuarios para aplicar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. También fija qué registros y memoria descriptiva deben llevar las empresas obligadas y modifica el reglamento general de gestión e inspección tributaria.

Modifica el reglamento de gestión e inspección tributaria para obligar a declarar a la Administración tributaria española los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal que presenten determinadas «señas distintivas». Con ello se traspone al ordenamiento español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal.