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Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder al impacto económico y social del COVID-19. Regula la contratación pública, los convenios y conciertos educativos, las subvenciones, los servicios sociales, la gestión de residuos sanitarios y los plazos administrativos. También indica cómo se financian estas medidas.

Establece cómo detectar, controlar y gestionar las fuentes radiactivas huérfanas, es decir, las que quedan fuera del control reglamentario. Regula la vigilancia en instalaciones que reciclan metales y en lugares de tránsito, y las actuaciones ante su presencia o ante emergencias radiológicas.

La ley regula la prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos en Cataluña. Establece obligaciones para las empresas de la cadena alimentaria, la restauración, la Administración y las entidades sociales que distribuyen alimentos. También fija un plan estratégico de prevención y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece las normas básicas para ordenar las granjas porcinas intensivas: condiciones de bioseguridad, higiene, bienestar y sanidad animal, ubicación, gestión de estiércoles y reducción de emisiones. También regula la identificación de animales, el registro de explotaciones y los controles y sanciones, y modifica la normativa de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

La ley establece el marco para impulsar la economía circular en Castilla-La Mancha: un modelo que aprovecha al máximo productos, materiales y recursos y genera el mínimo de residuos. Define principios, objetivos, líneas de actuación, una estrategia regional, los actores implicados y una comisión de coordinación.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, entre ellas el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sociedades, el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales. También ajusta tasas, precios públicos y la Ley Foral de Haciendas Locales, y adapta la normativa a cambios del Derecho Civil Foral.