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Sustituye el Reglamento de equipos a presión de 2008 y aprueba siete instrucciones técnicas complementarias (EP-1 a EP-7). Regula la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de equipos a presión, como calderas, botellas y recipientes.

Establece medidas urgentes para reducir el efecto de la subida del precio del gas natural en la factura de la luz y el gas. Crea un suministro mínimo vital, ajusta impuestos energéticos y aplica un mecanismo que limita los ingresos extra de las eléctricas por el gas caro.

Modifica la Ley Foral del IVA de Navarra para aplicar las mismas normas que en el resto del Estado sobre el IVA del comercio electrónico y las ventas a distancia. Regula dónde se paga el impuesto, las obligaciones formales y el derecho a deducir cuotas en estas operaciones.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Modifica varias normas de seguridad industrial para adaptarlas a las reglas de libre acceso a servicios y ejercicio de actividades. Cambia el Reglamento electrotécnico de baja tensión y su instrucción sobre empresas instaladoras, y fija cómo afecta a empresas ya habilitadas.

Modifica el Real Decreto 1085/2015, de fomento de los biocarburantes, y fija los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para 2021 y 2022. Impulsa el uso de biocarburantes avanzados y de los que reducen el cambio de uso de la tierra.

Establece cómo se calculan los cargos del sistema gasista, la retribución regulada de los almacenamientos subterráneos básicos y los cánones que se pagan por usarlos. Fija los principios, la estructura y el procedimiento de cálculo de cada uno.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Desarrolla el ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030. Regula las obligaciones de información de las instalaciones, los ajustes de la asignación y la expedición de derechos, así como las solicitudes de los nuevos entrantes.

Modifica dos impuestos en Cataluña: aplica la tarifa más baja del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos para 2020, fija cómo calcular la base para motocicletas sin datos oficiales de emisión y crea una bonificación para vehículos clásicos. También permite aplazar o fraccionar el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.

Modifica la Ley catalana de cambio climático y la Ley de urbanismo, y regula la autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Establece criterios de implantación, trámites de información pública y evaluación de impacto ambiental, y limita el uso de coque de petróleo y carbón en la industria.