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Crea el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, un fondo con el que la Comunidad Autónoma de Aragón aporta dinero a los municipios aragoneses. La ley fija su dotación mínima y máxima, los criterios para repartir el dinero y cómo se gestiona.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2022, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes instrumentales y entidades locales.

Crea un fondo de financiación incondicionada para las entidades locales autónomas de Andalucía, con una dotación inicial de 2,5 millones de euros que empieza en 2022. Regula qué entidades pueden recibirlo, cómo se reparte el dinero, cómo se notifica y cómo se paga.

Establece la metodología para repartir los recursos entre las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y fijar cuánto aporta cada diputación foral a los presupuestos autonómicos. Se aplica a los ejercicios 2022 a 2026 y regula también la participación de los ayuntamientos en los tributos concertados.

Fija cómo se reparten 13.486 millones de euros entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, una dotación adicional prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. También indica la partida presupuestaria y el procedimiento para pagar esos fondos.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Establece las autorizaciones de endeudamiento, avales y otras garantías necesarias para cubrir las necesidades financieras del sector público de Cataluña mientras el presupuesto de 2021 está prorrogado. La prórroga mantiene vigentes los créditos iniciales del presupuesto de 2020.

Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2021 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre estadística, función pública, emergencias, cooperativas, medio ambiente, puertos, deporte, urbanismo, servicios sociales y empleo.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Crea el Fondo COVID-19 para dar apoyo financiero a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Regula cómo se reparte el dinero entre ellas y cómo se les entrega. También fija reglas sobre el superávit presupuestario de 2020 y modifica la Ley General Tributaria.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.