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Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar el contenido y la tramitación de los planes hidrológicos de cuenca y de los planes especiales de sequía. Regula cómo se publican y notifican esos planes y cómo se elaboran, aprueban, siguen y actualizan los planes de sequía y los de emergencia para abastecimiento.

Modifica varias leyes del Principado de Asturias para simplificar trámites administrativos en evaluación ambiental, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio cultural, carreteras y transportes. También regula la gestión presupuestaria de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del React-EU.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía. Establece cómo se clasifica el suelo (urbano y rústico), qué derechos y deberes tienen los propietarios, cómo se planifica y ejecuta el urbanismo y cómo se controla la edificación. También fija el régimen de disciplina y sanciones y medidas para edificaciones irregulares.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

La ley simplifica los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y crea instrumentos de apoyo a la inversión empresarial para favorecer la reactivación económica tras la pandemia. Regula también la evaluación ambiental, las autorizaciones de instalaciones eléctricas, medidas urbanísticas y la gestión de fondos de recuperación.

Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2021 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre estadística, función pública, emergencias, cooperativas, medio ambiente, puertos, deporte, urbanismo, servicios sociales y empleo.

Regula cómo se controlan en Navarra las actividades, instalaciones, planes y proyectos que pueden afectar al medio ambiente. Establece los permisos ambientales necesarios, la inspección y seguimiento de esas actividades y las sanciones por incumplir la normativa.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Regula cómo se evalúan los efectos sobre el medio ambiente de planes, programas y proyectos antes de aprobarlos o ejecutarlos. Incluye el procedimiento, el órgano ambiental competente y el régimen de seguimiento y sanciones.

Modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y el Decreto 48/1998 sobre protección frente al ruido. Regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, desde la solicitud de inicio hasta la aprobación y publicidad.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Regula la evaluación ambiental en Castilla-La Mancha: qué planes, programas y proyectos deben someterse a evaluación antes de aprobarse, cómo se hace el trámite y quién interviene. Incluye el seguimiento y las sanciones por incumplir estas reglas.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.