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Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece medidas urgentes para construir y adjudicar vivienda protegida en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Regula la cesión de suelo, la ejecución de las obras, las personas beneficiarias y el régimen de adjudicación de las viviendas.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Modifica los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, que fijan qué proyectos deben someterse a evaluación ambiental ordinaria o simplificada. Con ello adapta la norma española a las directivas europeas de evaluación de impacto ambiental.

Modifica la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears. Actualiza la regulación de estos espacios y añade reglas sobre planificación, especies exóticas invasoras y biodiversidad.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.

Modifica normas de la Región de Murcia para simplificar trámites administrativos en medio ambiente, medio natural e investigación agrícola y medioambiental. Incluye cambios en la Ley de Protección Ambiental Integrada y en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Adopta medidas urgentes en Navarra para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye la simplificación de trámites para instalar energías renovables, límites a la subida de la renta en vivienda protegida, revisión excepcional de precios en contratos públicos y medidas fiscales.

Establece el procedimiento para aprobar cambios en el espacio aéreo y en los procedimientos civiles de vuelo en España. Regula las solicitudes, el diseño, la evaluación ambiental, la coordinación entre ministerios y la aprobación de estos cambios.

Actualiza el anexo II del Real Decreto 79/2019 para que los informes de compatibilidad con las estrategias marinas usen los objetivos ambientales del segundo ciclo (2018-2024). También añade al anexo III cautelas para los informes de actuaciones de minería submarina.