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Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para regular la relación con las mutualidades alternativas de previsión social de los colegios profesionales. Establece un convenio especial y garantías de transparencia para estas mutualidades, y ajusta la ley de ordenación de seguros.

Crea en Navarra un impuesto complementario para que los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud tributen al menos a un nivel mínimo global. Se aplica a grupos con ingresos consolidados de 750 millones de euros o más y sigue las normas modelo de la OCDE y la directiva europea.

Modifica la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y la ley de ordenación y supervisión de aseguradoras. Adapta la normativa española a la Directiva (UE) 2021/2118, que cambia el concepto de vehículo a motor y amplía la cobertura del seguro obligatorio.

Desarrolla el Reglamento del Impuesto Complementario, que busca asegurar un nivel mínimo global de imposición para grupos multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Concreta cómo se calcula la base, los impuestos cubiertos y el tipo impositivo efectivo, y regula la declaración informativa y la autoliquidación.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Actualiza las cuantías de varias tablas del sistema de valoración de daños y perjuicios a personas en accidentes de circulación, en concreto las de lucro cesante y ayuda de tercera persona. También modifica el Real Decreto 1060/2015 para actualizar importes en euros del régimen especial de solvencia de aseguradoras.

Modifica la ley de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo. Crea fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y regula los planes de empleo simplificados para pequeños ahorradores y trabajadores autónomos.

Modifica el Real Decreto 1060/2015 para actualizar la composición de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. Crea una nueva vocalía a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y adapta la terminología a un lenguaje inclusivo.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica dos reales decretos sobre fondos de garantía de depósitos y sobre la recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Regula cómo se calcula y aplica el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles de los bancos.

Establece las normas sobre la formación y los conocimientos exigidos a los distribuidores de seguros y reaseguros y a su personal. Regula también sus obligaciones contables, los libros-registro y la remisión de información estadístico-contable a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

Crea un espacio controlado de pruebas para que empresas puedan probar proyectos tecnológicos financieros bajo supervisión de las autoridades. Regula cómo acceder, las garantías para los participantes y el seguimiento de las pruebas, y establece cauces de comunicación con los supervisores.

Modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones y la normativa de seguros para completar la incorporación al derecho español de dos directivas europeas sobre fondos de pensiones de empleo y sobre la implicación a largo plazo de los accionistas.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.