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Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2021, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra y las fundaciones y sociedades públicas. Fija los créditos y los ingresos previstos, y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y la Ley General Tributaria, para mejorar el control y luchar contra el fraude fiscal. También incorpora normas europeas contra la elusión fiscal y medidas para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Además, actualiza precios de viviendas protegidas y la ley de ordenación del territorio.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para que el acuerdo previo con ayuntamientos en la compra de viviendas para el parque público sea opcional para las comunidades autónomas. También amplía la ayuda a jóvenes para comprar vivienda en núcleos de población pequeños dentro de municipios más grandes.

Modifica la Ley 24/2015 de Cataluña para reforzar la protección de las personas en riesgo de exclusión residencial. Mientras dure la pandemia, impide el desalojo si el gran tenedor no ha ofrecido antes un alquiler social.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Establece medidas para apoyar la actividad económica en locales de negocio arrendados afectados por las restricciones de la COVID-19. Regula la modificación de las condiciones del contrato y las reglas aplicables cuando las partes no llegan a un acuerdo.

Modifica dos impuestos en Cataluña: aplica la tarifa más baja del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos para 2020, fija cómo calcular la base para motocicletas sin datos oficiales de emisión y crea una bonificación para vehículos clásicos. También permite aplazar o fraccionar el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece un régimen de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda en las zonas declaradas como áreas con mercado de vivienda tenso. Fija cómo se determina la renta inicial y su actualización mediante un índice de referencia de precios. También modifica varias leyes catalanas sobre el derecho a la vivienda.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.

Regula los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat y los ayuntamientos para adquirir viviendas, con el fin de ampliar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana. Establece los procedimientos para ejercer estos derechos y las condiciones de las viviendas adquiridas.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.