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Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Aprueba un conjunto de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y de apoyo a colectivos vulnerables. Incluye ayudas directas al transporte público, descuentos en abonos y títulos multiviaje, y medidas sobre pensiones, empleo y vivienda.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Prorroga la suspensión de los lanzamientos sobre la vivienda habitual de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Modifica la Ley 1/2013 para mantener esta protección durante un nuevo periodo. La medida afecta a los procesos judiciales o ventas extrajudiciales en los que el acreedor se adjudica la vivienda habitual.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Modifica las normas de los planes estatales de vivienda y del Bono Alquiler Joven. Permite que la Comisión de Seguimiento de cada convenio valore si la atención prioritaria a personas vulnerables ya está cubierta por otras ayudas autonómicas o locales. También cambia el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y los programas de rehabilitación del Plan de Recuperación.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Establece medidas para proteger a los trabajadores autónomos, regular el paso a los nuevos mecanismos de defensa del empleo y apoyar la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. También prorroga ayudas para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Prorroga medidas de protección social que terminaban el 9 de agosto de 2021 para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Incluye medidas en materia de vivienda y de violencia de género, y modifica normas anteriores para mantener su vigencia.

Permite a las comunidades autónomas usar los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para pagar compensaciones a propietarios y arrendadores. Establece el procedimiento para que estos soliciten y cobren esas compensaciones.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.