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Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece el régimen para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado. Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para regular la tramitación de concesiones y las condiciones ambientales.

Modifica el Real Decreto 487/2022, que fija los requisitos sanitarios para prevenir y controlar la legionelosis. Amplía la definición de titular de la instalación para incluir a quien la explota, no solo al propietario, y aclara el reparto de responsabilidades. También permite que la toma de muestras la realicen entidades acreditadas.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Administración general, sus organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados. Actualiza la gestión del agua continental y del dominio público hidráulico, con medidas de simplificación administrativa y digitalización.

Modifica los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, que fijan qué proyectos deben someterse a evaluación ambiental ordinaria o simplificada. Con ello adapta la norma española a las directivas europeas de evaluación de impacto ambiental.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la sequía excepcional en el distrito de cuenca fluvial de Cataluña. Incluye actuaciones para garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones y para gestionar las deyecciones ganaderas en situación de excepcionalidad o emergencia.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

La ley regula cómo garantizar el suministro de agua en Galicia durante episodios de sequía y situaciones de riesgo sanitario. Establece planes de sequía y de emergencia, medidas de control y obligaciones para las administraciones y los responsables de los sistemas de abastecimiento.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, entes, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Aprueba la revisión de los planes hidrológicos de doce demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027. Estos planes ordenan el uso del agua, fijan caudales ecológicos, asignan recursos y establecen un programa de medidas y objetivos ambientales.

Modifica varias normas tributarias de Navarra. Suprime la obligación de declarar el IRPF para trabajadores y pensionistas con rentas bajas y elimina los dos primeros tramos de retenciones del trabajo. También cambia el Impuesto sobre Sociedades y declara exentas las ayudas del Plan Nacional de respuesta a la guerra en Ucrania.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2023, fijando los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye reglas sobre personal, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes locales.