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Crea la figura del consumidor electrointensivo: empresas cuya producción depende mucho de la electricidad. Regula cómo se certifican, qué obligaciones tienen y crea ayudas para compensar cargos eléctricos y cubrir riesgos de compra de energía a largo plazo.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

La ley establece medidas para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces no universitarios. Regula auditorías energéticas, planificación de medidas correctoras, financiación, formación en gestión energética y una guía técnica para la rehabilitación bioclimática y el uso de energías renovables.

Regula cómo se mide y reparte el gasto de calefacción, refrigeración y agua caliente en edificios con instalación térmica común. Establece cuándo deben instalarse equipos de contabilización individual y cómo se informa y reparte el coste entre los usuarios.

Regula un programa de ayudas para obras de rehabilitación energética en edificios ya existentes. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla reciben las ayudas de forma directa y las reparten entre los destinatarios finales.

Regula los aspectos necesarios para aplicar en España los códigos de red europeos sobre conexión de generadores, instalaciones de demanda y sistemas de alta tensión en corriente continua. Fija umbrales de capacidad, reglas para instalaciones existentes y el procedimiento de notificación operacional.

Regula la segunda edición del programa de ayudas MOVES II para incentivar una movilidad eficiente y sostenible. Incluye la concesión directa de estas ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, que las reparten entre los destinatarios finales.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

La ley establece el marco para impulsar la economía circular en Castilla-La Mancha: un modelo que aprovecha al máximo productos, materiales y recursos y genera el mínimo de residuos. Define principios, objetivos, líneas de actuación, una estrategia regional, los actores implicados y una comisión de coordinación.

Modifica la Ley catalana de cambio climático y la Ley de urbanismo, y regula la autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Establece criterios de implantación, trámites de información pública y evaluación de impacto ambiental, y limita el uso de coque de petróleo y carbón en la industria.