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La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Establece la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración en tres actividades pesqueras: solicitudes, declaraciones y preavisos en reservas marinas de interés pesquero; disponer de un dispositivo electrónico de localización para pescar en ellas; y trámites de pesca de recreo y de especies protegidas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

Actualiza el Estatuto del Comisionado para el Mercado de Tabacos para adaptarlo a la Ley 40/2015 y reorganiza su estructura. También modifica la normativa que regula la red de expendedurías de tabaco y timbre, e impone a los operadores relacionarse con el Comisionado por medios electrónicos.

Modifica el reglamento que fija los requisitos de los programas informáticos de facturación de empresarios y profesionales. Retrasa las fechas de aplicación previstas y ajusta su contenido a la orden que desarrolla las especificaciones técnicas.

Modifica la normativa sobre el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas (SIEX), el Registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA) y el Cuaderno digital de explotación agrícola (CUE). Establece que el uso del cuaderno digital sea voluntario, salvo que otra norma exija tener cuaderno de explotación.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

Establece las normas para conceder subvenciones directas a los ayuntamientos de Barcelona y Madrid. El dinero financia proyectos de transformación digital y modernización de sus administraciones, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Crea la Agencia Estatal de Administración Digital y aprueba su Estatuto, que fija su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno y régimen de personal, presupuestario y de control. La Agencia sustituye a la Secretaría General de Administración Digital.

Regula cómo se organiza la Administración Digital del Estado y qué órganos e instrumentos intervienen. Crea la Agencia Estatal de Administración Digital y fija el modelo de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Establece la planificación y los informes técnicos en la contratación de estas tecnologías.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.