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Regula cómo la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se defiende y actúa ante los tribunales. Crea y organiza la Abogacía General de la Junta y el Cuerpo Superior de Letrados, y fija reglas sobre representación, notificaciones y costas procesales.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Actualiza la composición y el funcionamiento de varios órganos colegiados del ámbito de la discapacidad y la acción social. Adapta sus normas a la nueva estructura del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Afecta al Consejo de Protectorado de la ONCE, al Consejo de Protección de Cruz Roja y a otros órganos similares.

Regula el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir (eutanasia) en España. Establece los requisitos, el procedimiento médico y las garantías, y crea las Comisiones de Garantía y Evaluación. También modifica el Código Penal.

Crea la Comisión de Coordinación entre los Ministerios de Consumo, Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación. Este órgano coordina las competencias de los tres ministerios sobre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Regula sus funciones, composición y funcionamiento.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Crea la Comisión de coordinación en materia de investigación, un órgano colegiado con participación paritaria de los Ministerios de Ciencia e Innovación, Universidades y Sanidad. Su objetivo es acordar medidas para que la Administración funcione de forma cohesionada en investigación.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.

Modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil tengan representación en la Junta de Gobierno del ISFAS, igual que las de las Fuerzas Armadas. Corrige así lo anulado por el Tribunal Supremo en 2018.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.

Aprueba el Reglamento sobre el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y a los cultivados para otros fines. Desarrolla el título IV de la Ley 30/2006 y regula el acceso, las medidas de control, una comisión nacional y el fomento de los derechos de los agricultores.

La ley regula el tercer sector social en Castilla-La Mancha: define qué entidades lo forman, sus obligaciones y principios, y crea cauces de diálogo y participación con la Administración. También establece medidas de promoción y colaboración con estas entidades.

La ley regula el derecho de la ciudadanía de Castilla-La Mancha a participar en los asuntos públicos. Crea instrumentos y procedimientos de participación ciudadana e institucional, y establece medidas para fomentarla y organizarla.