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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Crea la Comisión de Evaluación que informa sobre si existen circunstancias objetivas para aplicar coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en la Seguridad Social. Regula su composición, funciones y funcionamiento.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza esa norma para incorporar al derecho español una directiva europea sobre esta materia.

Aprueba los nuevos estatutos de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, una fundación del sector público estatal. Los estatutos organizan su gobierno, su régimen económico y la gestión de sus subvenciones, e incluyen una comisión específica para convocar y conceder las ayudas.