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Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Crea 69 nuevas unidades judiciales y una plaza de Juez o Jueza de Adscripción Territorial para la programación de 2023, y ajusta la planta judicial. También dota plazas de Magistrado o Magistrada en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y regula la transformación de juzgados.