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Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

Crea los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), títulos oficiales que acreditan el dominio de esta lengua en distintos niveles. Regula cómo se obtienen, quién los expide y qué efectos tienen, y modifica varias normas para encajar este sistema.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para el ejercicio presupuestario 2026. El dinero financia la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Regula cómo se reparten entre comunidades y ciudades autónomas las personas menores de edad migrantes no acompañadas cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Fija el procedimiento de traslado, las actuaciones de las administraciones de origen y destino y el seguimiento de su cumplimiento.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Estas entidades firmaron acuerdos de cooperación con el Estado y reciben dinero para cumplir las funciones que esos acuerdos les asignan.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas ayudas financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2025.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.