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Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados. Actualiza la gestión del agua continental y del dominio público hidráulico, con medidas de simplificación administrativa y digitalización.

Desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, un instrumento que, tras su activación por el Consejo de Ministros, permite a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones de contratos. Regula el procedimiento, las garantías para las personas trabajadoras y el Fondo RED.

Modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios y el régimen de controles que aplica, para adaptarlos a los cambios de la Ley 12/2013 introducidos por la Ley 16/2021. Actualiza sus fines, funciones, sujetos controlados, competencias de sus órganos de gobierno y régimen económico-financiero.

Regula las zonas de bajas emisiones: delimita dónde se aplican, qué restricciones de acceso, circulación y estacionamiento pueden imponer los ayuntamientos y qué contenido mínimo debe tener su proyecto. También fija el procedimiento, la señalización, el seguimiento y el régimen sancionador.

Cambia quién se encarga del control oficial y de las sanciones en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que abarcan más de una comunidad autónoma. Estas tareas pasan de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a los servicios centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Modifica el reglamento que regula cómo se imponen las sanciones por infracciones de orden social y cómo se liquidan las cuotas de la Seguridad Social. Regula la reducción del importe de la sanción si la persona responsable reconoce la infracción y renuncia a alegaciones y recursos, y restaura la competencia para sancionar ciertas infracciones de Seguridad Social en el ámbito provincial.

Modifica el reglamento que desarrolla la Ley 9/2003 sobre organismos modificados genéticamente. Actualiza la norma española para adaptarla a los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2019/1381 en materia de transparencia y evaluación de riesgos. También ajusta las referencias a los órganos administrativos competentes.